La intervención en los mercados agrícolas es un fenómeno mundial. Para asesorar esta intervención, los gobiernos usan la política de costos y incentivos para alentar un avance productivo competitivo y acompañamiento a los ámbitos de inferiores capital. Se edifican rutas y se asignan fondos a la I&D, el Estado subsidia la inversión en regadío, se aplican aranceles al comercio en todo el mundo (anteriormente se fijaban costos oficiales a modelos y también insumos), se incorporan programas focalizados de extensión y subsidios al crédito, y otras medidas de soporte. Estas representan intervenciones concretas en el ámbito. No obstante, otras políticas dirigidas al comercio y al manejo macroeconómico de la economía son en ocasiones asimismo de suma importancia para la agricultura, introduciendo políticas que afectan a los sueldos y las condiciones del empleo, la tasa de interés, el género de cambio nominal y real, cambios en la protección industrial, los pactos de libre comercio, y otras intervenciones que influyen en de qué forma el ámbito se ajusta a sus ocasiones que se relacionan con otros ámbitos que compiten por la mano de obra, inversión y administración empresarial.
Esta Nota documenta y ayuda a transparentar la composición y el gasto público y la política comercial en agricultura Chilena, identificando en el desarrollo problemas atentos sobre el acompañamiento del gobierno al campo agrícola de Chile. El análisis se nucléa en políticas concretas sectoriales a lo largo del periodo 1990-2017, usando datos y también indicadores divulgados por la Organización para la Cooperación y Avance (OECD). Los indicadores tienen dentro el soporte al productor (medido por el llamado Producer Subsidy Estimate – PSE) y sus elementos (Market Price Support-MPS – y Budget Transfers and Subsidies-BTS), y el soporte por medio de servicios en general (General Support Estimate- GSSE).
1.3. Neoliberalismo y los nuevos enfoques de políticas públicas
Un nuevo período comienza con las reformas de corte liberal a lo largo del sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994) contemplaron tres etapas diferentes. La primera consistió en reducir el gasto derivado de los cambios macroeconómicos. Se redujeron los subsidios y financiaciones, como créditos y también intermediación bancaria, para adecuar los costos de garantía con la apertura al mercado de afuera. El resultado inicial fue que el PIB del ámbito agropecuario redujo un 7,8% del total del PIB en 1988, a un 6,98%, continuando con la inclinación negativa desde los setenta. La autosuficiencia regresa a perderse al tener 4 años con balanza comercial negativa en el campo.
También, el plantel ocupado del campo privado en el agro redujo del 34,7% al 30,46%, con capital bajo el nivel de inflación. En esta primera etapa el saldo general fue negativo, beneficiándose ciertos productores privados, concentrándose el ingreso en los enormes productores y también mediadores, creando una mayor polarización popular.
La segunda etapa consistió en la reforma constitucional en el producto 27 constitucional en 1992, que alteró distintas instituciones de manera importante. Con la reforma se permitió la venta de salidas a particulares y compañías en la materia. También, se procuró regular el mercado de tierras que existían por fuera de la ley y tener seguridad jurídica en el retardo del reparto agrario para concluirlo. Además de esto, se dejó a la asociación entre salidos y capital privado, tal como asimismo con capital en todo el mundo. Particularmente, la orientación liberal de las reformas transporta a la Administración a la app de planes sociales como contrapeso de las reformas. Como primer antecedente se aplicó el Programa Nacional de Solidaridad como estrategia para derrumbar el retardo y la pobreza en México. El Programa mucho más que respaldar la producción salida se enfocó en proveer recursos y servicios para reducir la pobreza. Además de esto se aplicaron ahora de manera única al ámbito rural los programas de PROCEDE y PROCAMPO, que se planificaron con una visión de largo período; empezando su operación real a fines de 1993. Particularmente el software de PROCAMPO se planeó para compensar los efectos del Tratado de Libre Comercio, como un mecanismo de transferencia de elementos a nivel internacional recibido, que no hace distorsiones de mercado, incorporando a personas de bajos capital, que destinan su producción en la mayoría de los casos al autoconsumo. El Programa suprimió los esquemas de subsidios y costos de garantía, por aportaciones fijas sobre la proporción de hectáreas que un productor certificara estar sembrando, con alguno de los nueve cultivos seleccionables en ciertos tres ciclos agrícolas análogos precedentes a agosto de 1993: algodón, arroz, cártamo, cebada, frijol, maíz, sorgo, soja y trigo. El Programa fue aplicado por la Secretaría de Agricultura y Elementos Hidráulicos (SARH), empezando su vigencia a fines de 1993. Por 20 años fué entre las primordiales herramientas de política pública sectorial, contando con múltiples cambios presupuestales y programáticos . Hoy día se le llama PROAGRO Productivo.
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