hoy analisis agrarios impacto económico de una agricultura sin glosofato

El informe emitido por la Contraloría General de la República 174/2021 efectuado en relación a los procesos de autorización de plaguicidas llevados a cabo por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) criticó fuertemente a esta entidad ya que, según se señala, a lo largo del desarrollo de registros de plaguicidas el SAG no tomaría en cuenta a terceros (academia, gremios, entes públicos y privados); como tampoco tendría en cuenta a otras entidades gubernativos como el MINSAL.

Esto sin nombrar las múltiples consultas públicas que el SAG emite todo el tiempo, y en las que, adjuntado con el Comité técnico de plaguicidas del Instituto de Ingenieros Agrónomos, hemos participado todo el tiempo en estos últimos años (2020/22 ) y de manera previo a ello de forma individual como experto en el área.

Resistencias subnacionales al cambio progresista

Otro frente de resistencia a las políticas progresistas del presente gobierno son las visiones en torno al avance rural de los gobiernos estatales y municipales. Un caso ilustrativo es el estado de Campeche. En el chato sectorial del gobierno de Campeche 2015-2021 –el que “actúa las acciones y elementos liderados hacia los proyectos del campo”– leemos que la política rural estatal debe centrarse en “la capitalización, modernización, optimización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial, con la intención de subir la rentabilidad y la competitividad agropecuaria”. Mucho más aún, la agricultura “clásico” es un enorme inconveniente que ha provocado “el retardo ancestral” gracias a sus bajos escenarios de eficacia, altos escenarios de endeudamiento y “escasa transferencia de tecnología, tal como de financiación oportuna y alcanzable, lo que generó un círculo de marginación y pobreza en el estado”. La agroindustria, por contra, es un ámbito que ha mejorado la economía del estado y que, por consiguiente, es requisito respaldar.

plantas

Este enfoque es compartido por políticos y gobernantes campesinos que en las últimas décadas han impulsado la conversión agropecuaria estatal hacia la producción de palma africana y soja, en fuerte desfase con el enfoque agroecológico del gobierno federal.

Alén de los alegatos, representaciones y pretensiones en torno al avance rural que quedaron anotados en los proyectos y programas del gobierno federal y estatal, cabe preguntarse: de qué manera entienden y asimilan los productores agrícolas el nuevo sentido progresista del gobierno federal? La contestación es complicada por la pluralidad de percepciones que hay en un país tan contrastante y diverso como México. Tomemos el ejemplo de Hopelchén, un ayuntamiento en el sur de Campeche donde 41 salidas dotadas a campesinos mayas ejercitan tenencia sobre el 85% de la tierra. Allí se generan granos y hortalizas y se ejerce la milpa, la apicultura y la ganadería, tal como el aprovechamiento forestal. En el ayuntamiento habitan además de esto comunidades menonitas que llegaron a fines de 1980, que practican un modelo de agricultura de tipo agroindustrial que se ha expandido sobre terrenos que jamás fueron nacionales, tal como sobre las tierras mucho más productivas de los salidos de la zona. Pese a determinadas tensiones en instantes críticos, mayas y menonitas conviven y sostienen relaciones laborales, productivas, comerciales y de arrendamiento de tierras con beneficio económico para los dos conjuntos. Los menonitas fueron agentes de transferencia tecnológica en la zona, con impactos negativos y positivos, en dependencia del criterio desde el que se valoren.

Deja un comentario